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Reparto a domicilio: la tecnología frente al mercado laboral tradicional.

Deliveroo y Glovo, las dos grandes plataformas de reparto a domicilio a través de internet que operan en España han recibido sentencias contradictorias en los últimos meses. Así, mientras un Juzgado de Valencia desmontó el modelo laboral de Deliveroo, un Juzgado de Madrid ha avalado el de Glovo. En el primer caso, la sentencia considera que el demandante era un falso autónomo y, sin embargo, en la segunda se estima lo contrario. Pero es que para acabar de complicar aún más la situación la Inspección de Trabajo de Zaragoza considera a todos los repartidores de Glovo falsos autónomos, igual que la de Barcelona a los de Deliveroo, con lo que ante tal disparidad de criterios no habrá más remedio que soportar las consecuencias derivadas de tamaña inseguridad jurídica durante los tres años que se estima habrán de pasar hasta que el Tribunal Supremo establezca finalmente la doctrina correcta.

De modo resumido, en la sentencia que da la razón a Glovo se considera la motocicleta y el móvil principales herramientas de trabajo. Por el contrario, en la que falla a favor del empleado de Deliveroo se afirma que el medio de producción es la plataforma. Según el profesor de la Universitat de Valencia, Adrian Todolí, es doctrina científica consolidada entender que los medios de transporte que usan los mensajeros no son la parte esencial del negocio puesto que, como norma general, el medio importante es la fábrica (en este caso la plataforma), de modo que mientras una bicicleta o una motocicleta la puede comprar cualquiera, una fábrica no.

Jubilación anticipada involuntaria. Necesidad acreditar el pago de la indemnización, no basta documento privado

En fecha 5 de julio de 2018 el Tribunal Supremo dictó sentencia unificadora de doctrina en la que considera que para solicitar la jubilación anticipada en aquellos supuestos en los que el cese del trabajador se produce por una causa a él no imputable, constituye requisito necesario e ineludible acreditar que ​la indemnización ha entrado efectivamente en el patrimonio del trabajador constatándose a través de elementos objetivos, por lo que no resulta admisible un mero documento privado, sino que debe acreditarse el medio de pago utilizado como, por ejemplo, cheques o transferencias bancarias.​

Entrada y salida de España de dinero efectivo, límites

24/09/2018

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su artículo 34 (para personas particulares) y en su artículo 38 (para personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes) establece la obligación de presentar una declaración previa (Declaración de movimientos de Medios de Pago S-1), antes de entrar o salir de España, siempre que realicen los siguientes movimientos:

  • Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. 
  • Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. 

A estos efectos se entenderá por medios de pago:

  • El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
  • Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
  • Cheques de viaje, instrumentos negociables, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual la titularidad de los mismos se transmita a la entrega, y los instrumentos incompletos, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario.
  • Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

Acoso laboral, elevación de la indemnización por daños morales como medida preventiva

21/09/2019

La indemnización por acoso laboral ha de fijarse con la finalidad de “prevenir el daño” y lograr un efecto disuasorio. Así es como justifica el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco el incremento de la sanción al Servicio Vasco de Salud por no tomar las medidas necesarias para poner fin al hostigamiento que estaba sufriendo uno de sus empleados.

Tras valorar la indemnización por daño moral que había sufrido la víctima, fijada en 20.000 euros, el órgano judicial decide aumentarla a 32.000 para que actúe como “medida disuasoria”. No es la primera vez que la administración sanitaria ha sido condenada por falta de actuación en casos similares, lo que sustenta el carácter preventivo de la multa.

Al parecer, el servicio público de salud “desatendió los constantes ruegos del demandante” con relación al “daño psicosocial” que estaba sufriendo en su puesto tras una disputa con sus superiores, situación que le llevó varias veces a tener que pedir la baja por incapacidad temporal.

A pesar de que el médico acosado solicitó varias veces que se tomaran acciones para solucionar la situación, la Administración tuvo una “flagrante actitud pasiva”, aun cuando la responsabilidad de evaluar y adoptar medidas en materia de prevención de riesgos laborales “recae en el empresario”, o la institución vasca en este caso.

Limitación de responsabilidades por convenio colectivo en la sucesión empresarial

20/09/2018

Declarada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la sucesión de plantillas es una sucesión empresarial en el sentido del derecho comunitario, en su sentencia de día 26 de julio de 2018 e​l Tribunal Superior de Justicia de Galicia declara que cuando se transmite una entidad económica, el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores constituye una norma de derecho necesario, lo que supone que el convenio colectivo no puede fijar un régimen más desfavorable como, por ejemplo, limitar la responsabilidad solidaria del cesionario por deudas anteriores, práctica que, en su caso, sería por completo ilícita.

El bonus devengado en el último año se tiene que incluir para el cálculo de la indemnización por despido improcedente

19/09/2018

En su reciente sentencia de día 14 de julio de 2018 el Tribunal  Supremo falla que el bonus de carácter anual devengado durante el ejercicio anterior al despido debe incluirse en el montante de referencia para calcular la indemnización del mismo. Así lo determina el Alto Tribunal, en una sentencia en la que condena a una empresa a elevar la cantidad con la que debe compensar a un empleado cuyo cese es declarado improcedente.

Ante las discrepancias mostradas en algunas sentencias, el Supremo recuerda que los bonus, a pesar de ser una retribución variable que se abona en función de los objetivos, es un pago que tiene naturaleza salarial. En este sentido, subraya que cuando existen remuneraciones con una periodicidad superior a la mensual, el montante a partir del cual debe calcularse la indemnización por despido improcedente está constituido por el «total de las retribuciones que el trabajador percibía en el momento del despido«, incluyendo las cantidades cuyo devengo se hubiera producido el año anterior, reiterando que la pasividad empresarial respecto de la fijación de los objetivos nunca puede redundar en perjuicio del trabajador.

Autónomos: están obligados a comunicarse telemáticamente con la Seguridad Social

19/09/2018

En virtud de la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, a partir del próximo 1 de octubre los afiliados al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) vendrán obligados a tener que efectuar todos sus trámites con la Seguridad Social de manera telemática, incorporándose al sistema RED.

A través del Servicio de Consulta y Firma de Notificaciones Telemáticas el trabajador autónomo podrá acceder a consultar y firmar las notificaciones de los actos administrativos de la Tesorería General de la Seguridad Social, aunque también podrá hacerlo y gestionar tales notificaciones su autorizado al sistema RED o, en su caso, su apoderado.

Entre las notificaciones que el autónomo podrá gestionar a través del sistema RED destacan las de los procedimientos recaudatorios, esto es, reclamaciones de deuda y providencias de apremio; actos del procedimiento de apremio por cuotas, conceptos de recaudación conjunta y otros recursos, con los recargos e intereses correspondientes; actos del procedimiento administrativo de aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social, y actos del procedimiento de devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social.

Asimismo podrá solicitar documentos relativos a los actos de los procedimientos sobre moratorias y diferimientos o las resoluciones de la Tesorería General sobre actas de liquidación, imposición de sanciones e impugnaciones.

Las notificaciones se pondrán a disposición del interesado durante un plazo máximo de 10 días, transcurrido el cual sin haber accedido a ellas la notificación se tendrá por efectuada a todos los efectos, incluido plazos para la interposición de alegaciones y/o recursos.

Cobro prestación por riesgo durante la lactancia natural

El TS reconoce el derecho de una enfermera a cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia natural

La enfermera trabaja en la Unidad de Asistencia Domiciliaria Rural de urgencias médicas en Castilla-La Mancha. El 13 de febrero de 2012 tuvo un hijo al que, por razones médicas, se aconsejó la alimentación mediante lactancia exclusivamente natural. Cuando acabó la licencia por maternidad solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la prestación de riesgo por lactancia natural, que le fue denegada por las razones citadas. El informe de evaluación de riesgos de su puesto de trabajo que se realizó, aludía sólo a riesgos genéricos (no específicos) por el manejo de productos químicos (alcohol, lejía), los cortes y pinchazos con material utilizado en limpieza y desinfección, la exposición a agentes químicos y biológicos (fluidos corporales, vómitos sangre…) y la carga mental por trabajo nocturno y a turnos. Tras su reincorporación posterior a la baja por parto, solicitó dos permisos sucesivos hasta el 31 de julio de 2012 y una excedencia por cuidado de hijo hasta el 13 de noviembre de 2012. Antes, se le reconoció la prestación por riesgo durante el embarazo con este hijo y con otro anterior.La cuestión que se plantea la Sala de lo Social en esta sentencia, con ponencia de la magistrada María Lourdes Arastey,  es si la demandante tiene o no derecho a la prestación de riesgo durante el periodo de lactancia natural, tratándose de una enfermera que presta servicios en la Unidad de Asistencia Domiciliaria Rural de un Servicio autonómico de urgencias médicas, durante 120 días al año, en turnos de 17 y 24 horas, realizando tareas de asistencia sanitaria en domicilio y, excepcionalmente, en la vía pública en las situaciones de emergencia que lo requieran.

La sentencia explica que la situación que protege esta prestación es la que se produce cuando existen riesgos para la lactancia natural que obligan a la empresa a suspender el contrato mientras el menor no alcance nueve meses si no ha podido adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo ni cambiar a la trabajadora de puesto de trabajo.  A partir de ahí, el tribunal constata que en este caso no consta declaración en este sentido de la empresa, aunque sí se acredita que no ofreció modificación de condiciones ni recolocación alguna, habiéndose cubierto el periodo indicado mediante el disfrute de permisos y de excedencia por cuidado de hijo. Esto evidencia, según la Sala, “el apartamiento de la prestación de servicios por el periodo coincidente con el de lactancia materna protegida; sin que, por otra parte, la Entidad Gestora justificara la denegación en otra causa distinta que la inexistencia de riesgos.

Revisión de doctrina

La Sala revisa su doctrina y la ajusta a  la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de octubre de 2017, caso Otero Ramos, que impone al empresario el deber de determinar, directamente o por medio de los servicios de prevención, la evaluación del riesgo de las trabajadoras en periodo de lactancia, lo que requiere un examen específico de la situación de la trabajadora que tenga en cuenta su situación individual para determinar si su salud o la de su hijo están expuestas a un riesgo.  Por ello, afirma que cuando no se realiza esta evaluación se priva a la afectada y a su hijo de la protección que debería otorgársele. “Por tanto, no se puede tratar del mismo modo a una trabajadora en periodo de lactancia que a cualquier trabajador”, concluye la Sala que, además, añade que la falta de evaluación supone para el TJUE un trato menos favorable a una mujer, vinculado a la lactancia, y constituye una discriminación por razón de sexo.

Como consecuencia de ello, señala que “en este caso se realizó una evaluación de riesgos que recoge todos aquéllos que concurren en el puesto de la recurrente; pero que, no obstante, no hace particular mención ni precisión sobre la afectación de las condiciones del puesto sobre la eventual situación de lactancia de la trabajadora”.  Ante tal escenario no se puede sostener que la demanda esté huérfana de prueba de la existencia de riesgos específicos, según la sentencia, ya que de la propia evaluación de riesgos se deduce que “concurren circunstancias que, aceptada su incidencia sobre cualquier trabajador, tienen particular repercusión en el caso de la mujer en periodo de lactancia y, frente a tal apreciación que cabe hacer sin necesidad de especiales conocimientos técnicos, como el riesgo de contagio por contacto con fluidos humanos diversos, habrá de ser la parte que niega la existencia de la situación de riesgo durante la lactancia la que haya de desarrollar la actividad probatoria en contrario”.

Por ello, frente a la justificación de la denegación de la prestación por parte del INSS basada exclusivamente en no considerar el trabajo de la actora una actividad de riesgo, la constatación del listado de riesgos comunes de dicha actividad basta, en un caso como este, para sostener que ninguna duda cabe del efecto que algunos de ellos tiene sobre la lactancia materna, sin que la falta precisa de evaluación de tal eventualidad pueda situar a la trabajadora en una posición de exclusión del acceso a la protección, señalan los magistrados.

Relevancia del trabajo a turnos y/o nocturno en la protección de la lactancia natural

La Sala destaca que no sólo el listado de los Anexos del Reglamento de los Servicios de Prevención no es exhaustivo, sino que la delimitación de la contingencia en el caso de la lactancia natural no es fácil porque lo que se busca es la constatación de que la lactancia se ve dificultado o impedida por el mero desempeño de la actividad laboral. Desde esa óptica, afirma el tribunal, no bastará con que exista un peligro de transmisión de enfermedades de la madre al hijo, puesto que tan perjudicial puede ser dicho contagio como la imposibilidad real de que el menor realice las imprescindibles tomas alimentarias.

Por eso, afirma que la influencia de los tiempos de trabajo sobre la efectividad de la lactancia natural no puede desdeñarse como elemento de influencia en la calidad y cantidad del amamantamiento so pena de incurrir en la contravención de la propia finalidad protectora buscada.

De ahí que, en caso de trabajo a turnos o con horarios y jornadas que impidan la alimentación regular del menor, sea necesario tomar en consideración la efectiva puesta a disposición de la trabajadora de las condiciones necesarias que permitan la extracción y conservación de la leche materna. “No cabe, pues, limitar la perspectiva de la presencia de riesgos a la exposición a contaminantes transmisibles por vía de la leche materna, porque con ello se estaría pervirtiendo el objetivo de la norma que pretende salvaguardar el mantenimiento de la lactancia natural en aquellos casos en que la madre haya optado por esa vía de alimentación del hijo”, subraya el tribunal.

Fuente: Noticias Jurídicas

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Presupuestos Generales del Estado para 2018, Novedades sociales

La de Ley 6/2018, de 3 de julio, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 mantiene el objetivo de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea.

Destacamos los siguientes puntos fundamentales que afectan al ámbito laboral y seguridad social:

  1. Las pensiones se revalorizan un 0,25%, si bien algunas pensiones se incrementan entre un 1% y un 3% según el tipo y su nivel Como los efectos de estos incrementos son retroactivos, es decir, desde el 1 de enero de 2018, los pensionistas recibirán una «paga extra» con los atrasos correspondientes. El art. 38 establece los límites del señalamiento inicial de las pensiones públicas, que se establecen en 2.580,13 euros/mes o 36.121,82 euros/año.  Así quedan las pensiones Cuantías mínimas de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva:El porcentaje de la base de cotización de las pensiones de viudedad para pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública pasa del 52% al 56% (disp. adic. 44ª ). Este incremento alcanzará el 1,6% el 1 de enero de 2019. Los incrementos superiores (incremento del 2,75% adicional) afectan a las pensiones mínimas, las no contributivas, aquellas sin derecho a complementos a mínimos y las de viudedad. A este 0,25%, recogido en el art. 35 y ss., se le debe incrementar un 1,35% adicional, de acuerdo con la disp. adic. 51ª .

Clase de pensión

Titulares
Con cónyuge a cargo

Euros/año

Sin cónyuge: unidad económica unipersonal

Euros/año

Con cónyuge no a cargo

Euros/año

Jubilación .. .. ..
Titular con sesenta y cinco años 11.348,40 9.196,60 8.727,60
Titular menor de sesenta y cinco años 10.638,60 8.603,00 8.132,60
Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez 17.022,60 13.795,60 13.091,40
Incapacidad Permanente .. .. ..
Gran invalidez 17.022,60 13.795,60 13.091,40
Absoluta 11.348,40 9.196,60 8.727,60
Total: Titular con sesenta y cinco años 11.348,40 9.196,60 8.727,60
Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años 10.638,60 8.603,00 8.132,60
Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años 5.720,40 5.720,40 5.666,78
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años 11.348,40 9.196,60 8.727,60
Viudedad .. .. ..
Titular con cargas familiares .. 10.638,60 ..
Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 .. 9.196,60 ..
Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años .. 8.603,00 ..
Titular con menos de sesenta años .. 6.966,40 ..
Orfandad ..
Por beneficiario/a 2.809,80
Por beneficiario/a menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior 65% 5.530,00
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.966,40 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. ..
En favor de familiares ..
Por beneficiario 2.809,80
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: ..
Un solo beneficiario con sesenta y cinco años 6.791,40
Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años 6.400,80
Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.156,60 euros/año entre el número de beneficiarios. ..

 

2. La base de cotización máxima a la Seguridad Social se incrementa un 1,4% (art. 130 ).Se mantienen los tipos de cotización por contingencias comunes y horas extraordinarias.

En cuanto a las/los trabajadoras/es autónomos, el incremento es asimismo de 1,4% quedando la base máxima en 3.803,70 euros /mensuales y la base mínima en 932,70 euros/mensuales.

El tope máximo de la base de cotización en todos los regímenes queda fijado en 3.803,70 euros/mensuales o 126,79 euros/día, a partir del 1 de agosto de 2018. El tope mínimo es el importe del salario mínimo interprofesional para 2018, incrementado en un sexto.

3. Se fija la base mínima de cotización, para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2017 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, en 1.199,10 euros mensuales, aplicable a partir del 1 de agosto de 2018. Antes se regían por la base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General (art. 130.Cinco.11 ).

4. Se amplía el permiso por paternidad a 5 semanas (disp. final 38ª )Las personas trabajadoras de la Administración Pública también se benefician de esta ampliación del permiso de paternidad con la modificación del art. 49.c EBEP. En consecuencia, también se modifica el art. 185 LGSS en relación a la prestación económica.

Y se establece que la suspensión del contrato por esta causa podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o parcial de un mínimo del 50%, asimismo previo acuerdo de las partes.

Con la modificación del art. 48.7 y la disp. adic. 19ª.2 ET, se amplía una semana más de las cuatro vigentes, que son ininterrumpidas, si bien esa quinta semana podrá disfrutarse en otro momento dentro de los 9 meses siguientes al nacimiento, previo acuerdo con la empresa.

5. El tipo de interés legal del dinero queda establecido en el 3,00%, y el demora en el 3,75% (disp. adic. 57ª ).

6. Se mantiene la cuantía del IPREM (disp. adic. 119ª ) Es decir, 17,93 euros/día, 537,84 euros/mes y 6.454,03 euros/año.

7. Se regula una ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con menor formación, que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje (disp. adic. 120ª ).De acuerdo con la disp. final 46ª esta ayuda entrará en vigor el 4 de agosto de 2018.

Esta ayuda asciende al 80% del IPREM y tiene la duración del contrato hasta un máximo de 18 meses. Esta ayuda no cotiza.

8. Se prevé la bonificación por conversión en indefinidos a jornada completa de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios/as de la ayuda compensatoria de la disp. adic. 120ª.

La bonificación se concede a las empresas y personas autónomas que les hayan contratado, y asciende a 250 euros/mes o 3.000 euros/año durante un periodo de 3 años (disp. adic. 121ª ).

9. Se mantiene la bonificación del 50% de la cotización empresarial en caso de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, o de enfermedad profesional (disp. adic. 122ª ).

10. Se establecen medidas de apoyo a la prolongación de la actividad de las/los trabajadores fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística (disp. adic. 123ª ).

Medidas que consisten en una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, Desempleo, FOGASA y FP de esos trabajadores/as. Esta bonificación tendrá efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.

11. Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Tarifa plana rural .

Para los trabajadores por cuenta propia que residan o trabajen en municipios de menos de 5.000 personas habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de reducciones en las cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos mismos incentivos (disp. final 23ª que modifica el arts. 31.1 y 32 LETA).

12. Al menos la mitad de los fondos provenientes de la cuota de Formación Profesional financiará las iniciativas formativas para los trabajadores ocupados y se prevé asimismo la aplicación de esos fondos a la financiación de la formación profesional para el desempleo (disp. adic. 124ª ).

13. Se crea la Tarjeta Social Universal (disp. adic. 141ª )

La disp. trans. 3ª establece además que, a partir de su puesta en funcionamiento, previsto a los 3 meses de la entrada en vigor de la Ley (disp. final 46ª ), el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas quedará integrado en la Tarjeta, por lo que desaparece el citado Registro, con la derogación del art. 72 LGSS.

Servirá para mejorar y coordinar las políticas de protección social de las diferentes administraciones públicas, a cuyo fin incluirá la información actualizada correspondiente a todas las prestaciones sociales de contenido económico, financiadas con cargo a recursos públicos, y los datos identificativos de sus titulares, los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o reconocimiento.

14. Subsidio extraordinario por desempleo (disp. final 40ª )

Se añaden las disp. adic. 27ª y disp. trans. 30ª a la LGSS que regulan este subsidio tras agotar Prepara y PAE.

15. Ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1955-1985 (disp. adic. 56ª ).

Estas ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho, y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza y finalidad a las reguladas en esta disposición y, en concreto, con las ayudas establecidas en el RD 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el período 1960-1965.

16. Trabajo autónomo a tiempo parcial.

La disp. adic. 126ª mantiene el aplazamiento de la posibilidad de trabajar a tiempo parcial para las/los trabajadores autónomos establecía en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

17. Rebaja del IRPF (art. 63)

Se modifica el art. 96.3 LIRPF, subiendo el umbral de la tributación de 12.000 a 14.000 euros para las personas contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo.

18. Cómputo de los periodos trabajados en organizaciones internacionales intergubernamentales

De acuerdo con la disp. adic. 52ª , los periodos trabajados en organizaciones internacionales intergubernamentales ubicadas en el territorio de un Estado miembro de la UE se tendrán en cuenta para el reconocimiento y cálculo de las pensiones del sistema de Seguridad Social en su modalidad contributiva. Ello será objeto de desarrollo reglamentario.

19. Factor de Sostenibilidad

La aplicación del factor de sostenibilidad, que introduce la esperanza de vida en el cálculo de la pensión, queda en suspenso. Se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, “se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema”, según el propio texto de los presupuestos.

20. Las retribuciones en el sector público sube un 1,75% (art. 18.Dos )Incluso se podrá llegar a incrementar un 0,2% adicional, si así lo decide cada administración para determinados colectivos.

Las retribuciones de las personas trabajadoras del sector público se incrementan un 1,5%, al que se sumará otro 0,25% si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017 alcanza o supera el 3,1%, con efectos de 1de julio de 2018.

21. La tasa de reposición de las Administraciones Públicas es del 100% (art. 19 )Se establecen limitaciones a la contratación de personal temporal y nombramiento de personal estatutario temporal y funcionarios interinos.

Se establece una tasa de reposición de efectivos del sector público en 2018 del 100%, con limitaciones para aquellas Administraciones Públicas que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, y del 115% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.

22. Se establece una jornada de trabajo de 37,5 horas en el sector público (disp. adic. 144ª ).

Esperamos que estas novedades hayan sido de su interés, y quedamos a su disposición para lo que necesite en info@sandracid.es.

Fuente: Noticias Jurídicas